Sentencia firme: Iberpotash debe retirar 45 millones de toneladas

La batalla judicial llega a su fin

Después de dos décadas de procedimientos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado la resolución definitiva que obliga a la firma Iberpotash a proceder con la retirada integral de sus residuos salinos. La compañía, controlada mayoritariamente por el Estado de Israel a través de Israel Chemicals Limited, habrá de ejecutar el desmantelamiento de la acumulación de desechos tóxicos depositados en el término municipal de Sallent de Llobregat, específicamente en la elevación conocida como El Cogulló. Este emplazamiento constituye uno de los problemas ambientales más graves de la región catalana, con una montaña artificial que alcanza dimensiones colosales tras décadas de vertidos sin tratamiento adecuado.

Orígenes de la minería potásica en Cataluña

La extracción de minerales en la comarca del Bages posee una larga historia que se remonta al siglo XX. El ingeniero Emili Viader realizó en 1900 las primeras perforaciones en Súria, extrayendo sal mediante un pozo de 50 metros de profundidad. Posteriormente, en 1912, se identificó la presencia de potasio en la cuenca salina catalana, lo que impulsó la creación de Potasas Ibéricas en 1929, iniciando operaciones extractivas en Sallent.

El cambio más significativo en la historia empresarial ocurrió en 1998, cuando Israel Chemicals Limited, subsidiaria del conglomerado Israel Corporation, adquirió el negocio a la SEPI por más de 17.000 millones de pesetas, dando origen a la entidad conocida como Iberpotash. Sin embargo, junto con esta transacción llegó una herencia problemática: la montaña de depósitos de residuos que venía acumulándose desde finales de los años setenta. Miles de toneladas de sustancias salinas permanecían expuestas al aire libre, sin ningún tipo de procesamiento o contención.

El crecimiento incontrolado del vertedero

A lo largo de las décadas, el depósito de residuos en El Cogulló experimentó un crecimiento constante y descontrolado, transformándose eventualmente en la elevación más prominente de toda la comarca del Bages. Este amontonamiento generaba preocupación creciente entre los pobladores cercanos y los técnicos medioambientales. La falta de medidas de protección permitía que los agentes contaminantes se dispersaran sin restricción, afectando tanto el suelo como los recursos hídricos subterráneos.

La movilización vecinal y la demanda judicial

Fue en 2006 cuando los residentes del barrio de la Rampinya en Sallent decidieron emprender acciones legales coordinadas. La asociación de vecinos solicitó al consistorio local la apertura de un expediente urbanístico formal en contra de la empresa. Ante la inacción municipal, los propios habitantes presentaron demandas independientes ante los tribunales. Este período de espera se extendió durante ocho años hasta que, el 18 de febrero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya otorgó razón a los demandantes.

La resolución judicial mandataba la paralización inmediata de cualquier actividad de vertido y requería el restablecimiento de la realidad física alterada en la zona afectada. Desde ese momento, la empresa inició sucesivos recursos para impugnar la decisión. Un día después de esta sentencia, un tribunal de Manresa condenó a tres directivos de la corporación a dos años de prisión por delito ecológico. La Audiencia Provincial de Barcelona ratificó esta condena el 14 de noviembre de 2016, aunque redujo la pena por dilaciones injustificadas, manteniendo firmemente la obligación de financiar la recuperación del medio ambiente.

El impacto en los recursos hídricos regionales

Mientras los procedimientos legales se prolongaban, la contaminación avanzaba sin pausa. Los vertidos continuaron hasta el 30 de junio de 2019, momento en el cual una orden judicial logró detenerlos. Para entonces, la salinidad había alcanzado los ríos Cardener y Llobregat, dos de los principales suministradores de agua potable para el área metropolitana de Barcelona. Esta contaminación ocasionó la inutilización de una docena de pozos y fuentes destinados al consumo humano y para uso ganadero.

En 2015, la Comisión Europea comunicó formalmente a la Generalitat de Catalunya el incumplimiento de diversas normativas de la Unión Europea referidas a protección de aguas y gestión de residuos, conforme a la Directiva Marco del Agua. El conducto de salmuera que recoge estas aguas residuales, construido en 1988 bajo responsabilidad de la Agencia Catalana del Agua, experimentaba aproximadamente 35 fugas anuales y ha demandado inversiones de más de 400 millones de euros únicamente en tareas de mantenimiento.

Los argumentos jurídicos y la sentencia definitiva

La compañía Iberpotash alegó repetidamente que el vertedero se encontraba legalizado conforme al planeamiento urbanístico municipal vigente, el cual establecía un horizonte temporal prorrogado hasta 2019. Los juzgados rechazaron consistentemente estos argumentos. En su sentencia de marzo de 2024, el TSJC determinó que las disposiciones del planeamiento municipal no podían comportar una legalización encubierta de actuaciones ilegales ejecutadas con anterioridad.

Un aspecto crucial que subraya el mismo fallo es que no existe constancia de que se haya extraído ni un solo metro cúbico de material residual desde la cesación de los vertidos. En 2025, el Tribunal Supremo rechazó admitir el recurso de casación presentado por la empresa. Nuevamente en junio de 2026, desestimó otra apelación. Hace apenas una semana se produjo el último pronunciamiento judicial que cerraba definitivamente todas las posibilidades de apelación: veinte años después de la inicial protesta de los vecinos, la sentencia original de 2014 adquirió el carácter de ejecutable e inapelable.

Las obligaciones de la empresa y el plan de restauración

La compañía, ahora operando bajo la denominación ICL Iberia, ha manifestado su compromiso de acatar la orden judicial a través de un programa integral de restauración que recibió aprobación administrativa en julio de 2018. Este plan contempla comenzar el trabajo por la escombrera menor de la Botjosa antes de abordar la montaña principal del Cogulló. La empresa debe asumir la totalidad de los costes asociados a la deficiente gestión que provocó el exceso de salinidad en las cuencas del Llobregat y Cardener, con el propósito de restablecer el equilibrio ecológico que fue perturbado. El calendario proyectado por la propia corporación indicaba iniciar la extracción gradual a partir de 2025, en un proceso que sus técnicos estiman podría extenderse durante varias décadas.

La actualidad operativa de la empresa

A pesar de esta obligación de descontaminación, Iberpotash continúa explotando la mina de Súria, manteniendo una plantilla de más de 1.000 empleados en labores directas. La actividad minera genera un impacto económico estimado en más de 270 millones de euros anuales para la comarca del Bages. Este factor ha sido considerado por diversos sectores como un elemento de tensión entre las necesidades de preservación ambiental y la importancia del empleo regional.

Contexto internacional de la empresa matriz

Nora Miralles, integrante del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, ha destacado que Israel Chemicals Limited, mediante su filial estadounidense, actúa como intermediaria en transacciones de fósforo blanco dirigidas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Posteriormente, otra entidad israelí comercializa este producto hacia el Ejército de Israel. El fósforo blanco se encuentra prohibido conforme a la Convención Internacional sobre Armas Químicas, y ha sido utilizado en múltiples ocasiones en operaciones militares contra poblaciones civiles en El Líbano.

Perspectivas de futuro

La ejecución de la sentencia representa un punto de inflexión en un conflicto ambiental que ha marcado la historia reciente de Cataluña. La obligación de retirar 45 millones de toneladas de residuos contaminantes constituye un desafío logístico de proporciones considerables que requerirá coordinación entre la empresa responsable y las administraciones públicas competentes. El éxito en la descontaminación de los ríos Llobregat y Cardener dependerá de la celeridad y eficacia con que se ejecute este programa de restauración ambiental.